Autor: Gabriel J. Perea

El fallo del CIADI a favor del Estado panameño en la demanda de Sacyr es considerado una victoria nacional. A pesar de las críticas históricas hacia la ACP, se destaca su capacidad de gestión y contribuciones al Estado. La necesidad de un modelo eficiente se…

La revocatoria de mandato es una herramienta clave en la democracia participativa que permite a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus autoridades. La alcaldesa de Arra

La corrupción en Panamá ha alcanzado niveles alarmantes, compitiendo con el desempleo como principal preocupación. Veinte proyectos anticorrupción están estancados en la Asamblea Nacional, aumentando la frustración ciudadana y debilitando la confianza en las instituciones. La inacción legislativa erosiona la cohesión social y la estabilidad,…

La decisión de eliminar el examen de barra en Panamá, aprobada por la Asamblea Nacional, genera un debate crucial sobre la excelencia profesional en el ámbito jurídico. Aunque se proponen alternativas como tesis o prácticas voluntarias, estas no garantizan el mismo rigor que una evaluación…

El artículo critica la continuidad de la práctica ilegal de mantener a diputados suplentes en nómina pese a la prohibición de la Corte Suprema. Señala la complicidad de partidos políticos y la necesidad de responsabilidad ciudadana en las elecciones.

La justicia panameña enfrenta dificultades para recuperar millones robados, debido a la inacción, el miedo a denunciar y la normalización de la corrupción. La solución requiere conciencia cívica y un cambio en la actitud societal.

Texas busca convertirse en un nodo logístico clave, amenazando la relevancia del Canal de Panamá. Este último enfrenta desafíos operativos, climáticos y estratégicos que demandan urgente modernización y defensa de su autonomía.

La reciente actuación de Jorge González, directivo de la ACP, al ofrecer servicios a CHEC por $13 mil mensuales, genera preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Es esencial investigar y mantener la transparencia en esta institución.

Un grupo de diputados panameños se beneficia de exoneraciones fiscales para importar vehículos de lujo, costando al Estado más de 208 mil dólares, mientras la ciudadanía enfrenta dificultades económicas. Existen preocupaciones sobre la legitimidad y desconexión del sistema.

Una comisión del Congreso de Estados Unidos ha cuestionado la autodeterminación de Panamá, sugiriendo una influencia del Partido Comunista Chino en el Canal. Este acto es un menosprecio a la soberanía panameña, que exige una postura firme y clara en su política exterior.

La contratación directa en Panamá, diseñada para emergencias, se ha vuelto habitual y opaca. A menudo privilegia a empresas cercanas al poder, mientras la Contraloría permanece inactiva. Se propone un órgano independiente para supervisar estas contrataciones y sancionar abusos.

La nueva «Ley Antibotellas» en Panamá busca combatir la corrupción al penalizar a quienes cobran sin trabajar. Sin embargo, su efectividad dependerá de la aplicación equitativa y la transparencia por parte de los legisladores.

El anteproyecto de ley busca regular el acoso de cobradores, pero es insuficiente ante la falta de transparencia en la legitimidad de deudas y prácticas lesivas. Se requiere una legislación más contundente para proteger a los consumidores.