Panamá enfrenta una crisis de gobernanza y economía, amenazada por la inminente pérdida del grado de inversión, según Moody’s. A pesar del crecimiento acelerado, la falta de transparencia y servicios públicos adecuados ha conducido a la desigualdad y el deterioro ambiental. Se requieren reformas estructurales y participación ciudadana activa para un desarrollo sostenible.


Gabriel J. Perea R. | 11 de noviembre de 2025

Panamá se encuentra en una encrucijada que ya no admite maquillaje ni postergaciones. La reciente advertencia de Moody’s, que coloca al país a un paso de perder el grado de inversión, no solo refleja una alerta sobre la salud de las finanzas públicas: es un síntoma más de un sistema que lleva años operando con déficit de transparencia, instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más desconectada del poder político.

El deterioro de los indicadores económicos —aumento del déficit fiscal, endeudamiento creciente y falta de control del gasto— se combina con una crisis de legitimidad política y una percepción instalada de corrupción estructural. Es decir, el problema de fondo no es solo económico: es gobernanza. Y si no lo abordamos con visión de Estado, la ilusión del crecimiento sostenido podría desmoronarse con la misma rapidez con la que ha avanzado.

Crecer a toda prisa no garantiza desarrollo

Durante años, Panamá ha apostado por una lógica de crecimiento acelerado: atraer inversión, construir infraestructuras, promover sectores estratégicos como logística, banca y turismo. Y es cierto: los números macroeconómicos han sido, en muchos momentos, envidiables. Pero también es cierto que ese crecimiento ha sido desigual, desarticulado y sin institucionalidad robusta que lo respalde.

Mientras los rascacielos de la ciudad crecen hacia el cielo, muchos servicios públicos siguen anclados en el siglo pasado. La calidad del gasto no ha sido una prioridad. Y el cortoplacismo electoral ha sustituido a las reformas estructurales que el país necesita. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿crecemos para quién, y a qué costo?

Desarrollo no es destrucción: la deuda ambiental que ignoramos

Uno de los costos más invisibles, pero más peligrosos, ha sido el ambiental. La presión por expandir la inversión ha empujado al país a aprobar proyectos sin una evaluación integral de sus impactos sociales y ecológicos. La minería a cielo abierto, la deforestación para ganadería o el avance urbano sin planificación son síntomas de un modelo que sacrifica sostenibilidad por rentabilidad inmediata.

Panamá no puede permitirse repetir el ciclo latinoamericano de “crecimiento extractivo y empobrecimiento social”. Necesitamos un desarrollo que incluya a las comunidades, respete los ecosistemas y apueste por modelos económicos circulares, limpios y con visión de largo plazo. El crecimiento que contamina o excluye no es desarrollo: es precariedad disfrazada.

Tecnología, ciudadanía y un nuevo pacto de vigilancia

Ante este escenario, la ciudadanía no puede —ni debe— limitarse a la indignación ocasional. Urge una participación más activa, vigilante y estratégica. Y aquí, la tecnología cívica puede jugar un papel clave.

Hoy existen herramientas que permiten auditar el gasto público en tiempo real, visualizar presupuestos de forma clara, identificar patrones anómalos en contrataciones estatales, e incluso fomentar la participación ciudadana a través de plataformas digitales. La inteligencia artificial, el análisis de datos abiertos y la automatización de informes pueden ser aliados poderosos para reforzar capacidades estatales y empoderar a la ciudadanía.

Como especialista en tecnología, creo que es momento de que quienes trabajamos en este campo contribuyamos de forma activa al fortalecimiento institucional: no desde la crítica abstracta, sino desde la construcción de soluciones concretas.

No más parches: propuestas para crecer mejor

No basta con señalar los errores: hay que proponer caminos. Aquí algunas líneas de acción urgentes que Panamá podría impulsar para evitar caer al vacío institucional:

  • Implementar sistemas de seguimiento del gasto público en tiempo real, con visualización amigable y datos accesibles para todos los ciudadanos.
  • Fomentar plataformas de participación ciudadana digital, que permitan no solo opinar, sino incidir en decisiones clave a nivel local y nacional.
  • Reforzar las capacidades de fiscalización y auditoría del Estado, incorporando herramientas tecnológicas que detecten irregularidades y aumenten la transparencia.

El dilema no es entre crecer o no crecer. El dilema es cómo crecer sin destruir la confianza, el ambiente ni el tejido institucional. Panamá está al filo. Pero aún puede decidir de qué lado quiere caer: el del progreso sostenible o el del colapso anunciado.

Gabriel J. Perea R.

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