Publicado en el Panamá América
Se sabe que Panamá no posee la capacidad para mantener presencia policial en ese sector inaccesible de nuestro país. Las características selváticas de la región imposibilitan cualquier vigilancia férrea en toda la extensión de la frontera limitándola a una presencia simbólica.
Darién es un paso que permite el tráfico de armas, drogas y el paso de personas sin controles. El crear una situación que obligue a incrementar la presencia policial es ocasionarse mayores dificultades de abastecimiento y logística de las que ya confrontan las FARC en su propio territorio.
Las FARC se encuentran políticamente en situación difícil tras recibir uno de sus más duros reveses por la exitosa convocatoria de repudio en diversas ciudades del mundo, denunciando el secuestro, la extorsión y la muerte de civiles como practicas generalizadas. Las declaraciones de los recientes liberados por las guerrillas corroboran la situación inhumana en que se encuentran los secuestrados.
En este contexto, es inaudito pensar que las FARC tomasen la decisión de trasladar un conflicto interno aun tercer país y posteriormente amenazarlo si no son liberados los guerrilleros capturados, con esto proporcionarían la justificación para ser declarados agresores de un estado soberano con las repercusiones que esto les pueda ocasionar.
Las consecuencias de esa irracional acción serían previsibles. Podría invocarse el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por un lado; o, por el otro, el Tratado de neutralidad permanente del Canal de Panamá le daría la escusa a Estados Unidos para intervenir en el conflicto. Colocarse en semejante situación no parece un acto coherente para una fuerza insurgente que intenta recuperar su credibilidad y no perder el poco apoyo con que tal vez cuente a nivel internacional.
Provenga de donde provenga, la posterior amenaza es un acto que a todas luces es una patraña muy mal fraguada.