Martires del pueblo


Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty

Publicado en el Panamá América

La vida humana es el bien más preciado. Está consagrado en la Constitución.

AYER FUERON las víctimas del envenenamiento por medicamentos suministrados por la CSS, golpeadas por miembros del SPI. Ahora vemos a un obrero de la construcción caer por las balas de un asesino que anda suelto. Estos incidentes tienen algo en común, en ambos se intenta justificar lo injustificable.

Nadie puede olvidar cómo reaccionaron los del SPI al verse amenazados por un minúsculo grupo de personas de edad avanzada, enfermos, jóvenes y mujeres exacerbados por no obtener respuesta a una tragedia en la que nadie será responsable. Los manifestantes fueron sometidos a golpes sin importar sus condiciones de enfermos. En el caso de la muerte del obrero, todos pudimos observar que ante el lanzamiento de piedras se respondió con balas, y para agravar el hecho, por personas que no justifican, bajo ninguna circunstancia, portar un armar en aquel lugar y mucho menos utilizarla contra manifestantes desarmados; no existía una amenaza.

Pareciera que estamos imitando las mismas técnicas empleadas en el Medio Oriente, balas contra las piedras que arrojan civiles.

De acuerdo con la Constitución: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren…”. Este mandato es ignorado cuando se intenta desviar la culpabilidad hacia el obrero por estar manifestándose, en el sitio, momento y lugar equivocado. Inclusive, se intenta responsabilizar a los dirigentes que llevaron al obrero a enfrentar las armas sólo con pancartas. Se sustenta que somos ciudadanos bajo nuestro propio riesgo, en un país que intentamos vender como el paraíso de la paz social. Nada más alejado de la verdad.

En Panamá reina la violencia que ataca a todos y los culpables son los ciudadanos por no tomar las medidas necesarias, al salir temprano a sus trabajos, al regresar tarde a sus hogares después de extensas horas laborales distantes de sus hogares, intentando llevar el sustento a casa. La violencia cambia de escenario y ataca a quienes intentan justamente reclamar sus derechos y los culpables son los ciudadanos.

Lo más desconcertante es que los que dicen representarnos, defiendan a los agresores y no a los agredidos. Estos personajes del actual gobierno no pueden seguir representando un cargo ante una ciudadanía que los ve con indignación. El Gobierno tiene que corregir el rumbo o al menos intentar que no colapse la aventura antes de finalizar su periodo; pero, de cualquier manera, a lo que más le temen ya ocurrió, el daño político es mortal. Las fuerzas de la sociedad civil y de la oposición política tienen argumentos suficientes para desbaratar cualquier intento de perpetuarse en el poder en el 2009.

Las manchas son imborrables, escritas con sangre en nuestra historia nacional y aquellos panameños que han caído en los actos de violencia y en las tragedias hoy son mártires, aunque el gobierno que los dice representar no los reconozca como tales.
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