Publicado en el Panamá América

Argumentos a favor y argumentos en contra caen cada día acerca de la propuesta de ampliación del Canal de Panamá como gotas que finalmente romperán el cántaro. De qué forma se romperá, es el efecto que algunos están tratando de influenciar. Cuando eso inevitablemente ocurra y se derrame el contenido, se contarán los votos, los cuales deben ser el resultado de una decisión meditada y libre de apasionamientos del pueblo panameño a pesar del vendaval de opiniones a que está siendo sometido.

Algunas cosas están bien claras. Entre ellas no se duda de la capacidad de la Autoridad del Canal para enfrentar un nuevo reto. Ya lo probaron con la exitosa administración que han brindado a Panamá de su principal activo y en la cual excedieron por amplio margen las expectativas, tanto nacionales como extranjeras. Por otra parte, ningún empleado de la Autoridad del Canal puede participar como accionista, miembro de alguna junta directiva o estar relacionado con alguna empresa que licite en las obras por desarrollar, con esto se descarta el conflicto de intereses de los empleados canaleros. Lo único que recibirán si participan en el proyecto, de aprobarse, es su salario y nada más.

Los férreos controles que existen en la Autoridad del Canal impiden el despilfarro de los capitales que se invertirán en la obra. Su sistema de contrataciones es uno de los más transparentes y más documentados que existen. Interactúan personal y procesos que dificultan la manipulación sin ser detectada en algún momento. En los últimos años de ejercicio fiscal en el Canal, bajo administración panameña, no se ha detectado en ninguna auditoría malversación de fondos públicos o corrupción de algún funcionario. Hecho demostrado con los aportes incrementales que ejercicio tras ejercicio son entregados puntualmente al tesoro nacional.

Ninguno de los miembros de la junta directiva, el administrador, o los directores de departamentos de la ACP tendrá participación porcentual en el éxito del proyecto, no ganarán un centavo más por este proyecto, por el contrario asumirán el mayor reto histórico en administración de proyectos que panameño alguno habrá afrontado.

Se puede concluir que en cuanto a los empleados canaleros y su administración con la aprobación del proyecto, ellos no ganan nada, solo el privilegio de intentar enrumbar los destinos del país a través del proyecto que regenerará el corazón de nuestra nacionalidad.
Si esto es así, Entonces, ¿dónde está el verdadero reto para lograr que el pueblo dé su voto favorable al proyecto? El verdadero reto es político. El gobierno y los políticos en su conjunto, tanto de oposición como gobernantes, deben encontrar los mecanismos para que la ciudadanía confíe en la eficiente y transparente administración del proyecto tal cual o mejor que como ha demostrado la Autoridad del Canal.

Todas las dudas razonables recaen en la incapacidad de los gobiernos de administrar eficientemente los fondos públicos. Las dudas recaen en las constantes denuncias de corrupción y que nunca quedan en nada. Cómo puede el ciudadano común confiar que este proyecto se administra de la misma forma que el Canal, y que los fondos que genere serán para satisfacer las necesidades sociales perennemente postergadas.

La gota que puede romper el cántaro con abundantes votos afirmativos, es la certeza del compromiso político tanto de este gobierno como de los venideros que todo lo que concierne a este proyecto, su administración y los beneficios resultantes, serán manejados con criterios de nación y no de alternabilidad de poderes cada cinco años.

Esta certeza puede lograrse con un acto trascendentalmente histórico como la conformación de un plan nacional de desarrollo que sea suscrito y respetado por todos los políticos. El reto está planteado. Los políticos deben demostrar que pueden ejercer un cargo y tomar decisiones con el único beneficio que su salario, tal como lo realizan los empleados canaleros. Eso es hacer patria.