No todos somos iguales.


Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty


Publicado en el Panamá América

En el correcto ejercicio de la ley, todos los ciudadanos debemos recibir igual trato, no deben existir hijos privilegiados ante la justicia. Lamentablemente la justicia fue vendada intencionalmente y para efectos legales es ciega. El peso de la posición social, la posición política y, significativamente, la posición económica ejercen acción persuasiva que tienden a inclinar la balanza a favor de los que más poseen.

Esto se manifiesta si es un encumbrado personaje de las esferas de influencia del poder, todas las consideraciones habidas e inimaginables se ponen en acción. El respeto al debido proceso debe ser seguido al pie de la letra, se interponen todos los recursos posibles, la detención preventiva es un acto de horror social inaplicable, y si sufre de algún trastorno físico o psíquico, como pudiera ser hipertensión emocional, malestares estomacales o un peligroso dolor de cabeza, por humanidad no debe ser sometido a ningún tipo de indagación.

Es inexplicablemente diferente cuando al supuesto delincuente -asumiendo que todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario- es un hijo de la cocinera. Si Pablo Pueblo comete un delito es apresado, confinado y, muy probablemente, pasará un buen rato en la sombra hasta que un benevolente juez dictamine su culpabilidad o no.

Pero esto no termina ahí, sin importar la presunción de inocencia es inmortalizado en los medios de comunicación social, si por alguna casualidad de esas, que raramente ocurren, es absuelto nadie asume la responsabilidad de retractarse. Pablo Pueblo no puede demandar a nadie por no tener recursos y mejor que no lo haga, sería el hazme reír de una sociedad indiferente. Si durante todo el traumático proceso judicial de un supuesto delito, su salud física o mental es afectada, lo más que puede esperar es ir a parar con sus huesos esposado al Hospital Santo Tomás.

¿Cómo podemos imaginar que la sociedad crea en el sistema de justicia cuando las diferencias en la aplicación de la ley son tan evidentes? ¿Cómo podemos digerir que se realice un escándalo público cuando algún encumbrado personaje está involucrado en actos que deban ser investigados? ¿Cómo podemos entender que una significativa cantidad de abogados salgan en defensa combativa de uno de sus miembros, cuando en nuestras cárceles se pudren panameños de escasos recursos?

Para estos últimos el olvido, no hay quien hable por ellos. Son muy pocas las voces que se levantan para exigir justicia para los ciudadanos comunes. Y solo hay una profesión cercana al sentir humano que puede enunciar estas frases:

“Conservarei imaculada minha vida e minha arte…Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça”.

Nunca veremos una iniciativa desprendida de un frente de abogados que intervenga desinteresadamente por los Pablo Pueblo de las cárceles panameñas. Es entendible el no es un buen negocio, esos casos se los dejamos a los defensores de oficio, si es que existen y mientras tengan la desdicha de serlos.
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