Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty
Publicado en La Prensa
Debe ser una certeza que vivimos en un Estado democrático donde las leyes son iguales para todos y donde no existen fueros ni privilegios. Esto se expresa en nuestra Constitución Nacional en el Titulo III Derechos y Deberes individuales y Sociales, Capítulo 1 Garantías Fundamentales, Artículo 19- No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Desde este punto de reflexión a menos que pueda existir alguna reglamentación por encima de nuestra Carta Magna estamos siendo burdamente engañados con una inaceptable justificación.
Todos los trabajadores sin importar su jerarquía tienen derecho a vacaciones, este derecho es irrenunciable. En los manuales administrativos de procedimiento de todas las dependencias públicas se regula el uso de las vacaciones y se establece límites para su acumulación. Si esto es cierto y nuestra administración pública se maneja con claros procedimientos administrativos, ¿como es posible que un magistrado del tribunal electoral acumule 16 años de vacaciones por el monto de 160 mil balboas? Desde cualquier perspectiva de análisis esto es una falta de respeto a la inteligencia ciudadana.
Desde el punto de vista de rendimiento físico es imposible que un funcionario labore 16 años consecutivos ininterrumpidamente, no hay factor científico que pueda corroborar esto a menos que estemos frente a una nueva especie de seres humanos. Desde el punto de vista administrativo, cómo fue posible que pasase desapercibido que estos funcionarios no tomasen vacaciones en tanto tiempo. Nadie, ni siquiera la Contraloría se percató del asunto, siendo estos funcionarios de altos salarios claramente visibles y debiendo incluir en su presupuesto las vacaciones. ¿En el presupuesto de este año se incluyó este pago tan oneroso para el Estado? ¿Esta situación es conocida por la Contraloría, no fue objetada?
Es una excusa carnavalesca que estas vacaciones son un ahorro, de ser cierto, todos los funcionarios del Tribunal Electoral y todos los funcionarios de las dependencias públicas deben contar con igual opción de ahorro. Principalmente aquellos funcionarios que devengando un salario de hambre que pueden ser despedidos por los vaivenes políticos y que no cuentan con ningún tipo de indemnización que pueda concederles la paz mental de quienes gozaban de un salario mensual de 10 mil balboas.
Cada magistrado tiene un suplente, sin embargo en este caso fue meramente una figura ornamental.
Solo el hecho de que existían representa para el Estado una erogación, toda la documentación que lo acredita, su sustento legal y su manejo administrativo es un gasto para los contribuyentes. El hecho de que estos nunca fueron habilitados es un hecho imperdonable, si los suplentes no tienen funciones deben ser eliminados.
Los encargados de recursos humanos del Tribunal Electoral deben dar una clara explicación pública de cuáles son los procedimientos existentes en esa dependencia para la administración de las vacaciones y si estos procedimientos son aplicados de forma igualitaria o selectiva al personal. Estas explicaciones son obligantes a menos que queramos despertar la suspicacia por oscuros procedimientos.
Deben existir y publicarse los montos que se les adeudan a todos los funcionarios del Tribunal Electoral por vacaciones acumuladas, los cuales se les debieron haber permitido acumular en igualdad que los magistrados. Si esto no fue así, ya no es posible que el tribunal pueda gozar de la confianza de la sociedad civil. Ya no es posible que pueda creerse en la diáfana aplicación de las normas electorales cuando existía semejante aplicación selectiva de las normas administrativas.
Quienes ayer fueron paladines de la democracia, hoy caen delante de nuestros ojos de forma tan estrepitosa, lo que debería culminar una carrera tan exitosa al servicio de la nación se ve empañado por actuaciones injustificable. Moralmente es inaceptable de parte de quienes supuestamente luchaban por un sistema democrático, el que aplicasen una interpretación tan conveniente de las normas administrativas y peor aún si se comprueba que esta interpretación es una conducta excluyente y selectiva.
Gabriel J. Perea R. 