Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty
Publicado en el Panamá América
Después de arduos años de tenaz trabajo y dedicado esfuerzo en analizar todas las alternativas posibles para la ampliación del Canal de Panamá, ha llegado la hora de la verdad. El segundo vicepresidente del país anunció que para este mes se presentarán los resultados de los estudios desarrollados por la Autoridad del Canal de Panamá.
Los estudios, con un costo que supera los 42 millones de dólares, han sido exhaustivos analizando cada detalle que involucre el futuro proyecto. En éstos se han estudiado modelos que simulen los posibles escenarios que abarcan aspectos técnicos, capacidad hídrica, viabilidad económica, según se desprende de publicaciones aparecidas en El Faro, semanario de la entidad canalera.
La presentación de la propuesta de ampliación del Canal, producto de las conclusiones de los estudios, primeramente será discutida por la Junta Directiva de la ACP, seguidamente, presentada al Consejo de Gabinete, que la remitirá a la Asamblea Nacional, cuyos diputados procederán a solicitar al tribunal electoral la ejecución de una consulta popular en referéndum para su aprobación por el pueblo panameño.
Es este ultimo paso, la aprobación en consulta ciudadana, es el paso decisivo. El voto favorable del ciudadano es el factor determinante que puede culminar exitosamente el proceso de consulta e iniciar un proyecto que determinará el desarrollo socioeconómico de Panamá por las próximas décadas.
Para lograr un voto favorable, no debe haber ningún tipo de restricción en la divulgación del proyecto de ampliación; no deben repetirse los tristes episodios del pasado año con el primer intento de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social, que ocasionaron una convulsión social.
Las técnicas de dilatación en la divulgación de la información, para luego pasar de madrugada los proyectos, no tienen cabida en este momento. El país se aproxima a un momento histórico y por esto se necesita que los ciudadanos puedan ejercer su decisión basados en información clara y entendible de la propuesta.
Debemos estar conscientes que existen un significativo número de factores discordantes en la vida nacional que pueden ocasionar que el voto emitido por los ciudadanos no sea un voto reflexivo, sino un voto de castigo.
El aumento del costo del suministro eléctrico, el Tratado de Libre comercio, el aumento de la canasta básica familiar, la aplicación de la reforma fiscal, el desempleo, sumados a los grupos que definen la nueva ley del Seguro Social como peor que la anterior, son algunos de los factores que pueden ser utilizados para inclinar la balanza hacia un voto negativo, por más excelente proyecto que pueda presentarse.
La divulgación del proyecto con suficiente tiempo para que se genere el debate necesario en todos los ámbitos de la sociedad y el contestar en forma directa, y en pocas palabras las preguntas fundamentales que todos queremos saber, son los factores que marcarán la diferencia.
Deben contestarse las siguientes preguntas: ¿Cuánto costará el proyecto? ¿De donde saldrá el financiamiento? ¿Cuánto tiempo durara el proyecto? ¿Qué otras alternativas existen? ¿Quiénes participaran, nacionales, extranjeros? ¿Quién administrará y/o ejecutará el proyecto? ¿De dónde saldrá la mano de obra? ¿En cuánto tiempo se recuperará lo invertido? ¿Cómo se afectará el ecosistema? ¿En qué se beneficia el país con este proyecto? ¿Cómo se beneficia el ciudadano común por la ejecución del proyecto?
Basar las esperanzas en la sabiduría popular fundamentada en la creencia en que el ciudadano común puede diferenciar entre este proyecto como de trascendencia nacional y no ligarlo a la cuestionada ejecución de los órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es aportar temerariamente.
No es sólo la presentación de un convincente proyecto de ampliación, también debe quedar diáfanamente percibido la seriedad del tema, el compromiso más allá de la ejecutoria de este gobierno y la ausencia de cualquier sospecha de intereses ocultos.
Aquellos que profesan la fe, se les puede pedir que den un salto en el vacío basado en sus creencias. Paradójicamente, este no es un acto de fe. Es un acto en el que se le pedirá a la ciudadanía un voto de confianza en el futuro del país que se fundamentará en la propuesta para mantener vigente el motor representativo de la economía nacional, nuestro Canal.