Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty
Publicado en el Panamá América
¿POR QUE un ministro en funciones, estrecho colaborador del Presidente, de la República ejecuta, públicamente, un suicidio político? ¿Fue esto producto de trastornos emocionales, esquizofrenia o algún mensaje del mundo onírico? ¿Fue, quizás, ocasionado por el estrés de las vicisitudes que sufren los productores agropecuarios? ¿O producto de una reacción alérgica a la enfermedad del secretismo? ¿Por qué ocasionar voluntariamente una tormenta política de tal magnitud? Interpretemos esto como un genuino triunfo de los principios éticos sobre la lealtad política que se asume al decidir participar en un proyecto de gobierno.
Sólo aquellos que están guiados por sólidos principios pueden tomar decisiones de esta naturaleza. Principios donde los intereses del país se sobreponen sobre los intereses políticos, donde los intereses del bienestar común prevalecen sobre los oscuros intereses económicos.
La renuncia del titular del MIDA es un hecho que no puede ser minimizado por los voceros del gobierno y tampoco ignorado por la opinión pública. Es un llamado de alerta de un ministro de Estado que denuncia, abiertamente, que se está negociando con cartas ocultas que pudiesen lesionar los intereses nacionales, produciendo nefastas consecuencias en la economía y la salud del país. La carta, desconocida hasta ese momento por la opinión pública, donde se solicita que Panamá flexibilice los controles sanitarios y fitosanitarios para la entrada de productos agrícolas y que acepte las certificaciones expedidos por EU, ignorando nuestros controles, es inaceptable. Nuestros controles mantienen el país libre de enfermedades exóticas y productos de dudoso procedencia. Esta solicitud representa en su intención una inexplicable muestra de negociaciones enturbiadas por intereses ocultos.
La política del secretismo es la que ha ocasionado los traspiés del gobierno del «team».
Ante tal pretensión, la respuesta debe ser contundentemente: ¡No! negociemos sin cartas ocultas. ¿Qué pueden ofrecer por esta peligrosa solicitud en contra de la salud pública del pueblo panameño? ¿Qué están ganando los productores nacionales, un acceso preferencial a los mercados norteamericanos? ¿Aceptan ellos un mismo tratamiento de los productos nacionales? Los voceros del gobierno y los negociadores tienen muchas preguntas que responder.
Frente a esta situación es imposible que se mantengan detalles ocultos sobre negociaciones que comprometen intereses nacionales que, por ser conocidas por medio de denuncias, ocasionan reacciones como las de ahora y que pudiesen originar convulsiones sociales.
La política del secretismo es la que ha ocasionado los traspiés del gobierno; la política de la poca o nula divulgación de la información es la que ha propiciado las confrontaciones entre las masas populares y el gobierno. Ocurrió en las reformas a la seguridad social, se manifiesta ahora en las negociaciones del TLC con EU y esperemos, por la paz del país, que este no sea el caso con la ampliación del Canal de Panamá.
Si no hubiese sido por el actuar del hoy ex ministro de Desarrollo Agropecuario, probablemente la existencia de esta carta nunca se hubiese conocido. En este sentido, contrario a lo que pudiese pensarse, la carrera política del Lic. Laurentino Cortizo no está acabada. Esa decisión de renunciar por diferencias en la conducción de las negociaciones le proporciona una diferenciación cualitativa sustancial con respecto de los actuales actores en la arena política. Sin embargo, pese a todo, no debemos perder de vista el hecho inefable de que formamos parte de un mundo globalizado y que queramos o no tendremos que sumarnos a la corriente o aislarnos.
Por otra parte, otorguémosles el beneficio de pensar que esto es un decidido esfuerzo del gobierno por crear mejores condiciones de vida y más oportunidades de negocios y no un acto de entreguismo desmesurado.
Pensemos que la renuncia de Cortizo fue una baja necesaria ante el proceso de negociación, y que esta acción sirva para concienciar a nuestros gobernantes en mantener una política de divulgación abierta de los temas de Estado. Todavía queda parte del camino por recorrer antes de que este tratado se convierta en una realidad. Las fuerzas vivas de la sociedad civil se preparan para enfrentar lo que consideran será un desastre para el sector agrícola, el Gobierno tiene en sus manos la responsabilidad de evitar que la sociedad representada en sus gremios traslade la lucha nuevamente a las calles.
Sólo la política de divulgación abierta de las negociaciones y de las necesarias explicaciones serán los elementos con los cuales pueda quedar claro quiénes están velando por los intereses nacionales.