Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty
Publicado en la Prensa
Nuevamente como un guión cinematográfico las denuncias presentadas por un significativo grupo de asociaciones de la sociedad civil contra algunas de las actuaciones de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido rechazadas. Las argumentaciones para su rechazo por parte de los miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea de Diputados están basadas en tecnicismo. Específicamente no existe la prueba sumarial y no hay vinculación entre el denunciante y el hecho denunciado.
Como ciudadano aclaro que no pertenezco a algún partido político y a ninguna de las organizaciones denunciantes. Sin embargo, ejerzo el derecho y el deber de emitir mi opinión sobre este hecho, bajo el riesgo que esto actualmente sea catalogado por algunos como un acto subversivo y de desestabilización.
Derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales en el Capítulo 1 Garantías Fundamentales Artículo 37.
Si bien es cierto pueden, y de hecho hay consideraciones jurídicas por las cuales no puede admitirse la denuncia, también hay consideraciones de credibilidad que hacen imposible ignorar las graves declaraciones que en su momento formuló el magistrado Adán Arnulfo Arjona acerca de fallos que arrojan cuestionamientos sobre el criterio de los magistrados ponentes.
Cualesquiera fueran las circunstancias que motivaron al magistrado Arjona a denunciar tales hechos, sus declaraciones sentaron un precedente nefasto y han causado efectos devastadores. Desde ese mismo momento la ciudadanía perdió totalmente la confianza en la administración de justicia. Múltiples encuestas realizadas por diferentes medios de comunicación lo han demostrado. Sin embargo, el actual sistema no permite que alguna iniciativa prospere y tampoco existe la voluntad para ello.
¿Que podemos esperar en un país de fantasías, donde un ex legislador –ahora honorable diputado– sale en vivo denunciando corrupción (caso Cemis) y la denuncia no prospera? ¿Qué podemos esperar cuando un magistrado en funciones denuncia irregularidades y tampoco la denuncia prospera? ¿Qué podemos esperan donde una ex presidenta se vistió con los dineros del Estado para no parecer una indigente y no ha pasado nada?
Definitivamente no importa quiénes o dónde se formulen denuncias; en ninguno de los tres órganos del Estado se efectuará investigación alguna para esclarecer los hechos. No importa que la sociedad a través de diferentes organizaciones realice alguna iniciativa, estas serán desechadas.
Nadie debe olvidar que la legitimidad del gobierno representado en sus tres órganos –Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial– emana del pueblo, y si el pueblo pierde la confianza, esa legitimidad más allá de cualquier ordenamiento jurídico se derrumba.
Hay una escasez de hombres y mujeres de principios que frente a denuncias tan serias salven su nombre y reputación, demostrando un desprendimiento de su investidura la cual está soportada por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Aquí hago una pausa para mencionar que aunque escasos, se han dado actuaciones ejemplares por hombres de principios sólidos, los cuales se han desprendido voluntariamente de su investidura. Ejemplo de ello fue la reciente renuncia del secretario de metas del Órgano Ejecutivo.
Igualmente pareciese que aquellos que formulan acusaciones luego no tienen el compromiso moral de aclarar y sustentar lo dicho.
En este caso la balanza podría inclinarse en contra de quien las emitió, restándole credibilidad y otorgándole un sitial indeseable en la historia. Son estos personajes principalmente quienes deben rendir explicaciones.
Afortunadamente no todo está perdido; existe el recurso inagotable e incuestionable de la voluntad popular ejercida individual y colectivamente. Este recurso sí es inapelable y no hay político que pueda escabullirse a su aplicación. Los políticos deben advertir de que sus actuaciones presentes señalan su futuro, si es que todavía tienen alguno.
La percepción y la confianza determinan el apoyo popular hacia sus gobernantes.
En su debido momento el tribunal del pueblo accionará la guillotina, como en la revolución francesa, para expresar su voluntad popular con la hoja más afilada, el voto en las urnas. Serán sus actuaciones las que determinarán quiénes se mantienen o no como políticos vigentes y eso, señores, no necesita prueba sumarial.
Gabriel J. Perea R. 