Le quitan la venda al pueblo


Por: Gabriel J. Perea R. @elistmopty

Publicado en La Prensa

El 3 de marzo de 2005 es una fecha que debe ser recordada por el país como el día en que la justicia panameña arrebató violentamente la venda que cubría los ojos del ciudadano común. Ese día un magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia asqueado por el actuar de sus colegas asumió la responsabilidad de denunciar públicamente hechos que causaron un daño irreparable a la justicia panameña.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, en el marco del proyecto de participación ciudadana para la transparencia y rendición de cuentas acogió la denuncia presentada por el magistrado Adán Arnulfo Arjona. Con el objetivo de conocer la veracidad de las acusaciones se realizó una auditoría de los seis casos denunciados, estos fueron: el análisis de dos (2) amparos de garantías constitucionales, tres (3) hábeas corpus y un (1) hábeas data.

Puede señalarse que el estudio sólo comprendió los seis casos presentados, lo que puede fácilmente convertirse en la punta del iceberg. Los hechos desconocidos por la ciudadanía podrían ser peores que los denunciados públicamente. Se ha levantado un indicio de sospecha a todos los niveles de la administración judicial.

El resultado de la auditoría presentado en un extenso documento, confirman que las declaraciones del magistrado Arjona no fueron producto de una pugna interna, no fueron producto de un instante de furia impulsiva e irreflexiva, el resultado arroja supuestos incriminatorios.


Es sorprendente que la Asamblea Nacional de los ahora llamados diputados, no encontrara suficientes elementos probatorios que vinculasen los hechos con los fallos y desestimaran la denuncia ante la comisión de credenciales ordenando el archivo del expediente.

Producto de este comportamiento de los padres de la patria los hechos parecen que quedarán sin esclarecimiento, de tal manera que ante la faz del país y los acontecimientos la ciudadanía debe asumir un papel decisivo.

Existen los suficientes elementos para la formación por derecho propio de una cruzada nacional para el rescate de la justicia panameña. Dentro del margen de la Constitución y la ley deben ejercerse todos los mecanismos de presión cívica y pacífica para provocar los cambios inevitables que tienen y deben que ocurrir en el Órgano Judicial.

Ante la incapacidad de Órgano Legislativo llamado por Constitución a ejercer un rol en momentos históricos, sólo el accionar ciudadano coordinado y organizado será el factor determinante que logrará el adecentamiento de la justicia a todos los niveles.

Los órganos del Estado sólo pueden existir legítimamente si los ciudadanos depositan su confianza y fe en ellos, fundamentando su ejercicio en la clara interpretación de la ley. El Estado sólo existe si los ciudadanos creen en él.
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