Panamá enfrenta una fase clave que pone a prueba su madurez como Estado soberano, destacando la importancia de acatar sus leyes en el contexto de reacciones externas y la necesidad de una estrategia logística nacional coherente y firme.
La anulación de la concesión a Panama Ports Company exige a Panamá repensar su estrategia portuaria. Se propone crear una Autoridad de Logística que unifique modelos y políticas, evitando conflictos y potenciando la coherencia en el sector.
El podcast de Gabriel J. Perea R. explora cómo la inteligencia artificial ha evolucionado para facilitar la creatividad y expresión visual, democratizando el arte y haciendo la innovación más accesible y divertida para todos.
El podcast de Gabriel J. Perea R. explora la advertencia del CEO de Alphabet sobre la inversión excesiva en inteligencia artificial, sugiriendo que no habrá un colapso total de la IA, sino una purga de excesos y expectativas infladas. La oportunidad radica en desarrollar capacidades locales en América Latina, más allá de depender de tecnologías externas.
El podcast discute la percepción negativa hacia trabajadores mayores de 50 años, considerados inservibles a pesar de su experiencia. Mientras en política la edad es valorada, en el mercado laboral se ignora su relevancia en la toma de decisiones.
A partir de 2026, España elevará la edad de jubilación a 66 años y 10 meses, buscando sostenibilidad en su sistema. En contraste, Panamá aún mantiene jubilaciones en 57 y 62 años, enfrentando tensiones por las propuestas de reforma.
El debate público en Panamá enfrenta el problema de decisiones basadas en desinformación y falta de respaldo técnico. Esto afecta la democracia y la confianza ciudadana, especialmente cuando autoridades actúan sin estudios verificables. La transparencia es fundamental.
Panamá se enfrenta a un juicio crucial por el caso Odebrecht, que pone a prueba su institucionalidad y credibilidad judicial. Mientras otros países de la región han conseguido condenas firmes por corrupción, Panamá avanza lentamente, lo que genera escepticismo. La ciudadanía exige resultados para restaurar la confianza en su democracia y justicia.
La ACP aclara malentendidos sobre los dividendos del Canal de Panamá, enfatizando su sostenibilidad, la importancia de inversiones y la transparencia en la gestión, desvirtuando acusaciones infundadas y resaltando el esfuerzo del personal.
Las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre la posibilidad de «prender el país» si se obstaculiza su candidatura para las elecciones de 2024 representan una grave amenaza a la institucionalidad democrática. Esta situación desafía la independencia del Tribunal Electoral y plantea serias preocupaciones sobre la salud de la democracia en Panamá.
El podcast de Gabriel J. Perea R. explora la advertencia del CEO de Alphabet sobre la inversión excesiva en inteligencia artificial, sugiriendo que no habrá un colapso total de la IA, sino una purga de excesos y expectativas infladas. La oportunidad radica en desarrollar capacidades locales en América Latina, más allá de depender de tecnologías externas.
Panamá enfrenta una crisis de gobernanza y economía, amenazada por la inminente pérdida del grado de inversión, según Moody’s. A pesar del crecimiento acelerado, la falta de transparencia y servicios públicos adecuados ha conducido a la desigualdad y el deterioro ambiental. Se requieren reformas estructurales y participación ciudadana activa para un desarrollo sostenible.
El fallo del CIADI a favor del Estado panameño en la demanda de Sacyr es considerado una victoria nacional. A pesar de las críticas históricas hacia la ACP, se destaca su capacidad de gestión y contribuciones al Estado. La necesidad de un modelo eficiente se extiende a otras áreas del Gobierno, exigiendo transparencia y evaluación objetiva.
La revocatoria de mandato es una herramienta clave en la democracia participativa que permite a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus autoridades. La alcaldesa de Arra
La corrupción en Panamá ha alcanzado niveles alarmantes, compitiendo con el desempleo como principal preocupación. Veinte proyectos anticorrupción están estancados en la Asamblea Nacional, aumentando la frustración ciudadana y debilitando la confianza en las instituciones. La inacción legislativa erosiona la cohesión social y la estabilidad, destacando la urgencia de reformas efectivas.