Gabriel J. Perea R. | Publicado en la Prensa el 25 de noviembre de 2025.

PODCAST: Cuando una frase pone en jaque la institucionalidad.

Las democracias no se erosionan de un día para otro; suelen deteriorarse lentamente, a través de señales que muchos perciben pero pocos se atreven a analizar con seriedad. Las recientes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, divulgadas durante un acto público en Costa Rica, constituyen una de esas señales que ningún ciudadano responsable —y especialmente ningún jurista— debería pasar por alto.

Según lo expresado, antes de las elecciones de 2024 el entonces candidato le advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE): “Si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo a este país por las cuatro esquinas.” Que el propio mandatario haya decidido compartir públicamente esta frase, que él mismo reconoce no haber dicho antes “ni en Panamá”, le otorga aun mayor gravedad al asunto.

No se trata de una disputa política ordinaria. Se trata de un mensaje que toca los pilares del sistema democrático: la independencia de la autoridad electoral y el respeto absoluto al orden jurídico.

El comunicado emitido por el TE —sobrio, breve y medido— fue más que un simple “desacuerdo”. Fue un recordatorio institucional de que, pese a presiones o percepciones, las decisiones del proceso electoral se tomaron “en estricto apego al ordenamiento jurídico”. Es, en esencia, una defensa de su legitimidad como árbitro constitucional. Y un llamado implícito a que la memoria histórica no se distorsione en función de intereses coyunturales.

Ahora bien: ¿por qué esta frase importa tanto?

Primero, porque proviene del presidente de la República, la figura que simboliza la unidad nacional y que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. No es menor que quien ostenta ese cargo admita haber planteado que el país podría arder si no se daba paso a su candidatura. La frase proyecta la idea de que la voluntad de un individuo, por muy líder político que sea, está por encima del orden constitucional que nos rige.

Segundo, porque plantea una tensión directa con el principio de separación de poderes. El Tribunal Electoral es, por mandato constitucional, un órgano independiente. La sola insinuación de que una decisión adversa podría haber provocado un estallido social —y que dicha posibilidad dependía de la voluntad del candidato— es incompatible con ese principio.

Tercero, porque genera interrogantes inevitables sobre la salud de nuestro sistema democrático. Una democracia sólida no puede normalizar expresiones que sugieren intimidación hacia un órgano del Estado. No puede pasar por alto declaraciones que, en boca de cualquier otro ciudadano, podrían interpretarse como amenazas al orden público.

El debate no es jurídico solamente; es moral, institucional y político. Pero precisamente por eso es indispensable que juristas, constitucionalistas y penalistas intervengan. No para perseguir al mandatario, sino para fijar criterios claros sobre qué puede considerarse aceptable en el marco de un Estado de derecho y qué cruza límites que ninguna figura pública debe traspasar.

¿Qué habría ocurrido si un ciudadano común, un líder comunitario o un empresario hubiese dicho que “prendería el país” si una autoridad no accedía a sus demandas? Lo más probable es que hoy estaría enfrentando un proceso penal por incitación al desorden público, apología del delito o perturbación de la paz social. ¿Debemos, entonces, aceptar un estándar distinto para quienes tienen mayor responsabilidad sobre la estabilidad nacional?

Las instituciones democráticas dependen de la confianza pública. Cuando un presidente admite haber formulado una amenaza —real o hipotética— a un organismo constitucional, esa confianza se resiente. Y cuando sectores cercanos al poder intentan banalizar la declaración, el daño se agrava, porque se envía el mensaje de que la ley y las formas democráticas son negociables si quien habla tiene suficiente influencia.

No buscamos confrontación, sino reflexión profunda. Panamá ha sido ejemplo regional de procesos electorales pacíficos y de instituciones que, con defectos y virtudes, han sabido sostener la estabilidad democrática. Precisamente por eso debemos exigir claridad, rigor y responsabilidad en las palabras de quienes nos gobiernan.

La afirmación del presidente no puede quedar en el ámbito del comentario anecdótico. Tampoco debe convertirse en un instrumento de pugna partidista. Es un asunto de Estado. Y es momento de que las voces autorizadas —académicos, constitucionalistas, expertos electorales— analicen públicamente sus implicaciones.

La democracia se fortalece cuando se habla de lo que incomoda. Y este es uno de esos momentos en que callar sería más peligroso que debatir.

El autor es máster en administración industrial.