Gabriel J. Perea R. | Publicado en la Prensa el 23 de septiembre de 2025

PODCAST: Justicia ejemplar o hipocresía institucional? La ley antibotellas a prueba

Qué maravilla: Venezuela, Argentina, Costa Rica… y ahora Panamá se suma al club de países que legislan contra las llamadas “botellas”: personas que cobran del Estado sin trabajar, nombradas por favores políticos o que simplemente figuran en planillas infladas. Lo que, a simple vista, parece una medida de transparencia institucional, podría terminar siendo —como tantas veces— un acto de simulación si quienes promueven la ley no se la aplican a sí mismos.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea aprobó por unanimidad el prohijamiento del anteproyecto de Ley No. 11, conocida como “Ley Antibotellas”. Según el texto, las sanciones incluyen prisión de dos a cuatro años para quien cobre sin prestar un servicio efectivo; de cuatro a ocho años si el perjuicio al Estado supera los cincuenta mil dólares; de cuatro a seis años si se nombra a alguien para que no trabaje; y de seis a diez años si el nombramiento busca lucrar con parte del salario del beneficiado. La diputada proponente, Janine Prado, la presentó como una herramienta para terminar con las planillas infladas, los nombramientos por favores políticos y las “botellas” que drenan los recursos públicos.

Hasta aquí, suena bien. Suena como lo que todos queremos creer: que se acabará con el parasitismo institucional. Pero ya sabemos cómo funciona la política. La letra pequeña suele pesar más que el discurso rimbombante, y el entusiasmo inicial puede diluirse si los primeros en evadir las consecuencias son los mismos que redactan la norma. Porque la pregunta obvia, inevitable, es esta: ¿se aplicará esta ley sobre los propios nombramientos o solo sobre los del adversario político? Imaginemos un escenario: un diputado impulsa esta iniciativa, pero mantiene en su despacho a un amigo o pariente en un cargo “de confianza” que apenas cumple funciones reales. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Habría una investigación? ¿Se abriría una causa penal? ¿Recibiría alguna sanción? Si la respuesta es no, entonces esta ley corre el riesgo de convertirse en una herramienta selectiva para castigar al otro, no en un instrumento legítimo de justicia administrativa.

Hay además otro punto especialmente delicado: la ley sanciona a quien cobre sin “causa justificada”. Pero, ¿quién determina eso? ¿Un asistente del mismo político? ¿Una dependencia que responde jerárquicamente al superior que hizo el nombramiento? Esa ambigüedad, tan común en los textos legales de la región, deja abierto un amplio margen para interpretaciones interesadas, justificaciones burocráticas o indulgencias internas. Es en ese espacio gris donde suelen operar las excepciones disfrazadas de tecnicismos.

Y luego está la pregunta que nadie quiere responder: ¿cuántos de los promotores de esta ley tienen “botellas” en su propio equipo de trabajo? ¿Cuántos diputados, ministros o altos funcionarios pueden garantizar que cada nombre en su planilla justifica su salario con funciones reales y comprobables? Si se va a exigir cárcel para otros, ¿están dispuestos a iniciar una auditoría de su entorno inmediato? Porque si la norma no incluye una revisión interna, sería más honesto renombrarla como “Ley Antibotellas de los demás”.

Si los impulsores de esta ley realmente buscan legitimidad, el camino está claro: deberían hacer públicos sus compromisos. Una auditoría independiente de todos los nombramientos estatales de los últimos dos gobiernos sería un inicio valioso. También lo sería el compromiso explícito de sancionar o exigir la renuncia a cualquier funcionario que resulte ser una “botella”, así como la obligación de definir, con claridad y transparencia, conceptos clave como “causa justificada”, “servicio prestado” y “lesión patrimonial al Estado”.

Pedir cárcel para quienes cobran sin trabajar desde el Estado es, sin duda, una postura audaz. Pero solo si se aplica sin excepciones. De lo contrario, la ley será tan decorativa como los discursos de rendición de cuentas: vistosa, pero vacía.

El autor es máster en administración industrial.