El podcast de Gabriel J. Perea denuncia prácticas abusivas de empresas de cobro en Panamá que exigen pagos sin evidencia legal, mientras critica la falta de regulación y protección para los ciudadanos.


Gabriel J. Perea R. | 25 de abril de 2025

PODCAST: Cobradores fantasmas y deudas infladas: ¿Quién protege al ciudadano panameño?


En las últimas semanas han resurgido, como murciélagos de la oscuridad financiera, ciertas empresas gestoras de crédito que operan en los márgenes –o directamente fuera– de la ley. Se presentan con membretes elegantes, amenazas disfrazadas de cortesía, y la cantaleta de siempre: “Su cuenta ha sido cedida. Debe pagar hoy mismo para evitar acciones legales”. Pero cuando uno rasca apenas la superficie, descubre que esas supuestas deudas no sólo están infladas hasta el absurdo, sino que ni siquiera vienen acompañadas de un solo documento válido.

Estamos ante una industria paralela del cobro, que opera sin transparencia, sin control real, y muchas veces sin legitimación legal. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde la notificación de cesión? ¿Dónde la prueba de que esa deuda no prescribió hace años? Nadie responde. Sólo exigen pagos inmediatos, chantajeando al miedo de la gente con frases como “tribunales”, “embargos”, “gastos legales” y “procesos judiciales”. Una burda estrategia para asustar al ciudadano común, ese que tal vez un día cayó en mora por razones válidas, y ahora debe lidiar con montos triplicados y cobradores que se inventan leyes.

Lo más grave no es la intimidación. Lo más grave es el silencio de las autoridades. ¿Quién regula a estas empresas? ¿Quién fiscaliza la legalidad de sus cobros? ¿Por qué no existe una base pública, obligatoria y accesible, donde se pueda verificar el origen y la legalidad de una deuda antes de que alguien se vea forzado a pagar por miedo? Porque esto ya no es un problema de deudores morosos. Es un problema de Estado ausente ante la arbitrariedad.

Desde aquí, lanzo un llamado claro:

  • A la Superintendencia de Sujetos No Financieros: tomen cartas sobre estas prácticas, verifiquen licencias, protocolos, y métodos de cobro.
  • A la ACODECO: protejan al consumidor del abuso disfrazado de legalidad.
  • A los ciudadanos: no paguen nada sin exigir pruebas. No cedan ante amenazas sin fundamento. Tienen derechos, y uno de ellos es el debido proceso.

La dignidad no se negocia, y las finanzas no pueden ser tierra de nadie.

Gabriel J. Perea R.
gabrieljperear.com

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