Gabriel J. Perea R. | 14 de marzo de 2024

PODCAST: La trampa detrás de la Ley

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El refrán popular “hecha la ley, hecha la trampa” encapsula la realidad de que, una vez promulgada una normativa, siempre habrá individuos dispuestos a buscar vías para sortearla, no cumplirla o aprovecharla en su propio beneficio.

Este adagio cobra una relevancia particular en contextos donde las regulaciones gubernamentales o políticas empresariales impactan tanto en empleados del sector público como del privado.

En el ámbito público, las leyes y regulaciones suelen ser más rigurosas debido a la responsabilidad inherente en la gestión de recursos y servicios para la sociedad. A pesar de ello, se han observado prácticas que socavan la transparencia que debe imperar en el sector público. Se observan maniobras como recurrir a artimañas para justificar contrataciones de personal, incluso cuando dicho personal no tenga funciones reales. Contratos con sobrecostos, divisiones de materias para evadir fiscalización, por ejemplo, son comunes.

Por otro lado, en el contexto empresarial, las políticas internas y las leyes laborales establecen directrices para el comportamiento ético y profesional de los empleados.

Sin embargo, existen casos en los que estos individuos buscan eludir estas reglas en pos de obtener ganancias personales o ventajas competitivas, tales como el fraude financiero, la evasión de responsabilidades laborales o el robo de propiedad intelectual.

En el sector privado, si bien las leyes laborales están vigentes, su aplicación puede variar según la empresa y la industria. Algunos empleadores pueden buscar vías para sortear las regulaciones laborales con el fin de reducir costos o maximizar beneficios. Esto puede implicar la implementación de contratos temporales o de medio tiempo para eludir la concesión de beneficios completos, prácticas de subcontratación o externalización para esquivar responsabilidades directas, o la reducción de salarios o beneficios en tiempos de crisis económica.

El dicho “hecha la ley, hecha la trampa” subraya la inevitabilidad de que algunos individuos tratan de encontrar lagunas o brechas en las leyes y regulaciones, ya sea en el ámbito gubernamental o empresarial. Esto resalta la importancia de una aplicación efectiva de la ley y de la supervisión para prevenir y castigar el comportamiento fraudulento o deshonesto, tanto en el sector público como en el privado. En última instancia, la garantía de la integridad y la ética en el empleo requiere un compromiso constante con la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad.

A continuación, algunas sugerencias de posibles soluciones o mejores prácticas para abordar los desafíos mencionados en ambos sectores:

En el sector público:

• Implementar sistemas de transparencia y rendición de cuentas: Establecer mecanismos que permitan a la sociedad y a organismos independientes acceder a información sobre contrataciones, gastos y decisiones administrativas. Esto puede incluir la publicación en línea de presupuestos, contratos y auditorías.
• Fortalecer los procesos de fiscalización: Reforzar los órganos de control interno y externo para garantizar una supervisión efectiva de los recursos y las decisiones administrativas. Esto puede incluir auditorías regulares y la creación de comisiones de ética para investigar denuncias de irregularidades.
• Promover una cultura de integridad y ética: Desarrollar programas de capacitación y concienciación para funcionarios públicos sobre los principios de ética y los riesgos del comportamiento corrupto. Incluir la ética como un componente clave en la evaluación del desempeño y la promoción.
• Mejorar la participación ciudadana: Fomentar la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia y el monitoreo de las acciones del gobierno. Esto puede lograrse a través de consultas públicas, mesas de diálogo y espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.

En el sector privado:

• Adoptar estándares éticos y de cumplimiento: Establecer códigos de conducta claros que promuevan la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales. Esto puede incluir la implementación de programas de cumplimiento y la designación de un oficial de ética dentro de la empresa.
• Invertir en la formación y el desarrollo profesional: Capacitar a los empleados en temas de ética empresarial, responsabilidad social corporativa y cumplimiento normativo. Fomentar una cultura organizacional que valore la honestidad y el comportamiento ético en todos los niveles.
• Establecer mecanismos de denuncia seguros: Implementar canales de denuncia confidenciales y accesibles para que los empleados puedan reportar comportamientos fraudulentos o violaciones éticas sin temor a represalias. Garantizar una investigación imparcial y adecuada de las denuncias recibidas.
• Fomentar la transparencia en las prácticas laborales: Publicar información sobre políticas de contratación, compensación y beneficios para empleados. Proporcionar acceso transparente a los datos financieros y de rendimiento de la empresa, promoviendo así la confianza tanto interna como externamente.

Al promover estas acciones y mejores prácticas en ambos sectores, se puede contribuir a mitigar los riesgos asociados con el comportamiento fraudulento o deshonesto, fortaleciendo así la integridad y la ética en el empleo.