Publicado en el Panamá América

En la fauna política panameña existen ilustres personajes que por obra y gracia del voto popular se convierten en diputados de la República. Esta extravagante transmutación morfológica ocurre indistintamente de cuál sea su pasado, su origen, su formación, sus verdaderas intenciones, o por el poco confiable compromiso adquirido por las promesas electorales realizadas a los que los favorecieron con el voto.

Al ocurrir este hecho biológico inaudito, los mutantes parecen estar fuera del alcance de sus semejantes, están fuera del alcance de las leyes y parecieran que se les afecta la memoria.

La nueva casta social logra olvidar cualquier recuerdo, aunque muy somero, de los ingenuos que confiaron en ellos y creyeron en sus promesas. Pareciera que deliberadamente olvidan porqué fueron elegidos.

Los diputados olvidan que no los elegimos para que coartaran la libertad de expresión, promulgando leyes que impidieran el escrutinio de la opinión pública. Los diputados olvidan que nos los elegimos para que solucionaran sus problemas financieros, familiares, y mucho menos se constituyeran en un selecto club que nombra a sus parientes, allegados y amigos. Olvidan que de una forma u otra nos enteramos de la utilización escandalosa de sus privilegios y exoneraciones.

Los diputados olvidan que no los elegimos para que se sirvieran de los recursos del pueblo, sino para que sirvieran al pueblo.

Los diputados olvidan que deberían dar el ejemplo siendo consecuentes y asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional al igual que todos los panameños debemos asistir a nuestros empleos para justificar un salario.

En nuestra Constitución Política en el Título V, Capítulo 1, Artículo 150, se establece que «Los diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su circuito electoral». Sin embargo pareciera que desconocen esto y olvidan que, al convertirse en diputados, ellos representan nuestros intereses.

Los diputados olvidan que si las leyes no funcionan tienen el deber de promulgar aquellas que favorezcan los intereses de las mayorías.

Los diputados parece que olvidan que el pueblo paga sus onerosos salarios con los impuestos que merman la capacidad de tener una vida digna.

El artículo 150, al igual que muchos otros dentro de nuestra Constitución, es letra muerta con la única utilidad de mostrar que no somos un nación feudal y, aunque sólo sea en papel, tenemos leyes al igual que resto del mundo civilizado.

Pero no hay diputado que sobreviva mucho tiempo, ni pueblo que lo resista. Lo que los diputados parece que olvidan es la existencia del artículo 148, que, afortunadamente, establece que «Los diputados serán elegidos por un período de cinco años…».
Cada cinco años los diputados tienen que someterse al escrutinio popular y es entonces cuando recordaremos sus actuaciones y serán juzgados.

Cuando eso ocurre, el ciudadano tiene el derecho constitucional de purgar a todos aquellos diputados que no atendieron el clamor de un pueblo que vio en ellos una nueva esperanza de justicia social y no el patrocinio de intereses partidarios o particulares.